Guatemala prohibió el matrimonio igualitario y la educación sobre diversidad sexual
La aprobación de la «Ley para la Protección de la Vida y la Familia», además, eleva la pena de prisión por aborto.
El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto, que solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.
Fue aprobada en la noche de este martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra.
«Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Todavía no está claro si el mandatario la ratificará, pero muchos miembros (102) de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor.
Según la ley, las mujeres que «se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo» enfrentarán un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.
«Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca», dijo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.
«Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso», advirtió la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.
La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
«No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios», afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
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